El 29 de octubre de 2013 quedará en la memoria de nuestro país como el día en el cual el Estado hizo valer su rol como ordenador de la sociedad frente a las corporaciones económico-mediáticas. Tres poderes del Estado, que representan de distintas maneras la soberanía popular, debieron dedicar recursos, saberes y equipos técnicos durante varios años para que un solo grupo de medios -el más influyente de la Argentina- se adecúe a derecho.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó en marzo de 2009 el proyecto de ley que se propuso reemplazar al viejo decreto-ley 22.285, escrito a sangre y fuego por la dictadura militar. El Poder Legislativo se expresó claramente, a partir del acuerdo de distintas fuerzas políticas, y votó ese proyecto por amplia mayoría -con importantes modificaciones- tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores pocos meses más tarde. Y la máxima expresión del Poder Judicial -la Corte Suprema de la Nación- confirmó la constitucionalidad de todos y cada uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de cuatro años de intensa disputa en el plano jurídico.
Pero también la sociedad civil jugó un rol preponderante en este proceso, cuando desde las radios comunitarias, los sindicatos de trabajadores de la comunicaciónn, los pueblos originarios, las universidades públicas, los organismos de derechos humanos, los artistas y músicos independientes -entre muchos otros actores sociales- elaboraron los “21 puntos por una Radiodifusión Democrática”, que sirvieron de base para el texto de la Ley más discutida de la democracia. La que se elaboró con mayor participación popular. La más fundamentada y comparada a nivel internacional.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó en marzo de 2009 el proyecto de ley que se propuso reemplazar al viejo decreto-ley 22.285, escrito a sangre y fuego por la dictadura militar. El Poder Legislativo se expresó claramente, a partir del acuerdo de distintas fuerzas políticas, y votó ese proyecto por amplia mayoría -con importantes modificaciones- tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores pocos meses más tarde. Y la máxima expresión del Poder Judicial -la Corte Suprema de la Nación- confirmó la constitucionalidad de todos y cada uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, luego de cuatro años de intensa disputa en el plano jurídico.
Pero también la sociedad civil jugó un rol preponderante en este proceso, cuando desde las radios comunitarias, los sindicatos de trabajadores de la comunicaciónn, los pueblos originarios, las universidades públicas, los organismos de derechos humanos, los artistas y músicos independientes -entre muchos otros actores sociales- elaboraron los “21 puntos por una Radiodifusión Democrática”, que sirvieron de base para el texto de la Ley más discutida de la democracia. La que se elaboró con mayor participación popular. La más fundamentada y comparada a nivel internacional.